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EL PALO DE LA BANDERA

On 07/16/2012 · In Entradas

Ahora toca, como decía la leyenda, que se vayan todos. Destituir a los constituidos y no dejar un vacío de poder, lo que significa construir órganos democráticos de gestión de lo común, desde los municipios hasta las universidades. Una vez deslegitimado el poder establecido, ¿por qué seguir aceptando su lógica?

Por Marcos González Sedano

Así, a palo seco, nos están robando, y además tienen la desfachatez de decirnos que es por nuestro bien. “Le pego porque es mía”.

Primero se nos presentaron como víctimas extorsionadas que no tenían más remedio que aplicarnos unas medidas antisociales porque lo demandaba el dios mercado, y ahí empezaron a sacrificar nuestros derechos para saciar el apetito de sus amos los banqueros.

A partir de ese momento perdimos la soberanía política y desde los parlamentos empezaron a emanar leyes que dictaban los consejos de administración de los grupos de inversores y los ladrones de guante blanco institucionalizados del FMI y del Banco Central Europeo, con la colaboración de los tecnócratas de la Comisión Europea. Pero el robo no ha hecho más que empezar, y solo hay que seguir el manual que les están aplicando a Grecia, Irlanda, Portugal e Italia para saber los pasos que van a seguir contra nosotros.

Los mercaderes, los usureros, los diteros, los prestamistas, que caminan con traje y corbata o ropa informal, tienen como objetivo apoderarse del sector público rentable de los estados europeos y, de camino, precarizar las relaciones laborales llevándolas a parámetros del tercer mundo, y aumentar la tasa de explotación sobre las personas y el medio ambiente, aunque pueden dejar sobrevivir a sectores de aristocracia obrera en los segmentos de producción que ellos crean oportunos.

Lo mismo que la dolarización de la economía latinoamericana se utilizó para la rapiña de aquellos pueblos, el euro está jugando el papel de control económico por parte de las élites de los estados europeos.

Perdimos la soberanía política y ahora, con la intervención que acabamos de sufrir al aceptar las condiciones del préstamo de los 100000 millones de euros para salvar al sector privado bancario español y a sus acreedores franceses, alemanes, finlandeses, holandeses…, perdemos también la soberanía económica.

La deuda no solo es externa, es eterna. Sencillamente es impagable. De España como proyecto político, social, económico y humano solo quedan el palo de la bandera y “la roja”, y con eso no se come.

El parlamento español es un cascarón de nuez que va a la deriva y nosotros somos las aguas sobre las que navega. En estas cabe preguntarse: “¿para qué los parlamentos, los ayuntamientos, las diputaciones si los tecnócratas designados por el FMI, el BCE y la Comisión Europea van a dirigir nuestras vidas?, ¿para qué esta pseudodemocracia?. Ellos ya tienen las respuestas, ¿y nosotros?, ¿las tenemos?

Sin soberanía política, sin soberanía económica y entregados a las oligarquías de la UE y de EE.UU. por las elites locales como si fuéramos una colonia moderna, ¿qué podemos hacer? El objetivo debería ser, en principio, recuperar lo perdido. Pero, ¿para qué? Y ¿para quién? ¿Para la recomposición de la vieja España? ¿Para que la relación entre los de abajo y los de arriba siga siendo la misma? ¿Para que el modelo de desarrollo sea igual de depredador y de antidemocrático?

La respuesta a estas preguntas es distinta según la posición ideológica de la que se parta. Por una parte está la socialdemocracia de izquierdas, con sus viejos clichés, intentando organizar el frente de masas, el frente político, e identificando un enemigo común al que combatir, en este caso el neoliberalismo. En definitiva estarían hablando de reformar lo irreformable, porque las condiciones históricas que dieron paso al estado del bienestar ya no existen. La otra posición sería la que ha emanado del 15M.

La marcha de los mineros sobre Madrid ha puesto sobre la mesa una disyuntiva: negociación o ruptura. Teniendo en cuenta que las elites ya rompieron el pacto social de forma unilateral, la negociación no tiene sentido como estrategia, y por ende la ruptura tampoco: ya se ha producido.

Ahora toca, como decía la leyenda, que se vayan todos. Destituir a los constituidos y no dejar un vacío de poder, lo que significa construir órganos democráticos de gestión de lo común, desde los municipios hasta las universidades. Una vez deslegitimado el poder establecido, ¿por qué seguir aceptando su lógica?

Si el rector de una de las universidades de Madrid aplica el decreto que saca Esperanza Aguirre contra los trabajadores y estudiantes universitarios y no se pone al frente de las reivindicaciones de los afectados, que fueron los que le pusieron en su puesto, ¿por qué no destituirlo y nombrar democráticamente a otro que convierta las reivindicaciones de los afectados en un plan de gobierno?

Si los parlamentos y los ayuntamientos legislan contra los ciudadanos, ¿por qué no crear parlamentos y municipios de ciudadanos? ¿A quién hay que esperar para ponerse a cultivar los campos baldíos si los jornaleros no tienen acceso a la subsistencia porque el gobierno les retira el subsidio de desempleo? ¿A quién hay que esperar para negarse a parar la producción de una fábrica viable porque la UE la quiere cerrar? Y así un largo etcétera. Desobediencia civil como respuesta frente al robo institucionalizado. Empoderamiento de la sociedad.

Lo que digo da vértigo, ¿verdad? A mí también. Pero lo que están haciendo con nosotros me pone enfermo. Rompamos pues su lógica e implantemos la nuestra. Y caminemos hacia un proceso constituyente, el de los de abajo, el del pueblo, con unas nuevas formas de relación y de producción más democráticas y solidarias.

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LAS MENTIRAS QUE NO NOS CUENTAN Y LO QUE NOS ROBAN LOS BANCOS PRIVADOS EN EUROPA

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Para qué sirve un banco central? Una de las actividades que un Banco Central realiza en un país es imprimir dinero para, entre otras cosas, comprar la deuda pública de su Estado y con ello bajar los intereses que tenga que pagar su Estado para poder vender sus bonos públicos. De esta manera, cuando los mercados financieros quieren especular sobre el precio de tales bonos públicos (promoviendo en los medios de información, con ayuda de las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s, que los estados no podrán pagar los intereses de tales bonos, forzándoles a pagar unos intereses muy altos para poder vender sus bonos –lo que se llama prima de riesgo–), entonces el banco central hace funcionar sus imprentas y produce moneda con la cual comprar su deuda pública, defendiéndola frente a la especulación. Esto es lo que hace un banco central digno de su nombre. Ni que decir tiene que hay también riesgos en imprimir mucho dinero, porque, cuando hay mucha moneda, puede incrementarse la inflación. Pero la inflación en la eurozona no es un problema. Antes al contrario, es demasiado baja, dificultando el crecimiento económico, que es el mayor problema de esta comunidad monetaria.

El problema con la deuda pública de los países de la eurozona es que sus bancos centrales no pueden imprimir dinero ni tampoco pueden comprar su deuda pública. Los estados están totalmente desprotegidos. De ahí que todos (desde Grecia hasta Alemania) tienen o tendrán problemas con su deuda pública. El único banco central que puede imprimir dinero es el Banco Central Europeo (BCE). Pero el problema con este es que no actúa como un banco central, es decir, no compra los bonos públicos de los estados miembros, ni tampoco presta dinero a los estados. El famoso artículo 123 de su reglamento lo dice muy claro. El BCE no podrá comprar deuda pública de los estados. Estos no pueden hacer nada frente a la especulación de los mercados financieros.

Los que sí pueden pedir prestado dinero al BCE son los bancos privados, y lo pueden conseguir a unos intereses bajísimos, al 1,25%. En cambio, los estados tienen que pedir prestado dinero a los bancos, pagando unos intereses elevadísimos, incluso del 7%, como es el caso de Italia (en España es el 6,5%). Este arreglo es una bonanza para los bancos privados. Consiguen dinero fácilmente del BCE y con ello compran bonos públicos que les producen una rentabilidad del 6% o del 7% de lo que compran. El BCE actúa de esta manera, privilegiando a los bancos privados sobre los estados, transformándole en un lobby de la banca.

Como consecuencia de esta situación, los estados se tienen que endeudar más y más y deben mucho dinero a los bancos privados. Y ahí está la raíz del mal llamado problema de la deuda pública, que es incluso más acentuada en aquellos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia, que habiendo estado gobernados por las derechas por la mayoría del periodo posterior a la II Guerra Mundial, tienen estados muy pobres (sus ingresos al Estado son muy bajos: España, por ejemplo, sólo representa un 34% del PIB, frente al 44% en el promedio de la UE-15 o el 52% en el caso de Suecia), resultado de unas políticas fiscales muy regresivas y de un enorme fraude fiscal (en España se calcula que alcanza unos 65.000 millones de euros).

La deuda pública de estos estados ha ido creciendo, no porque su gasto público haya ido creciendo (como los autores neoliberales erróneamente indican), sino porque han cambiado de banco. En lugar de conseguir dinero de su propio banco central, ahora tienen que pedir prestado dinero a los bancos privados. En realidad, si pudieran pedir prestado dinero al BCE a unos intereses de 1,25% (como los bancos privados), no habría ningún problema con su deuda pública. (Ver Ellen Brown, The European Central Bank withholds relief while Rome Burns). Y ahí está la raíz del problema. Se ha diseñado un sistema en la eurozona en el que los estados dependen de la banca privada para conseguir dinero. Y esta es una realidad que el lector raramente leerá en la prensa financiera o económica.

Los bancos se forran a costa del endeudamiento de los estados. Un círculo virtuoso para la banca. Pero la situación es incluso peor que la ya descrita, pues el BCE, al romper con el espíritu del famoso artículo 123, comprando deuda pública a estados como España e Italia, ha puesto como condición que los salarios y la protección social disminuyan, acentuando la necesidad de privatizar el Estado del bienestar, tanto sus transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos como la sanidad.

Estas condiciones están escritas en una carta, no conocida por el público, que el entonces gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, escribieron al presidente Zapatero condicionando la compra de bonos públicos del Estado español a la toma de tales medidas por parte del Estado español.

Un tanto semejante ha ocurrido con Italia. ¿Por qué hacen tal petición en su carta? En teoría, esta reducción de los salarios y de la protección social se exige para aumentar la competitividad de la economía española y salir así de la recesión. Este es el argumento neoliberal hoy en boga. Es fácil de demostrar que este argumento carece de credibilidad. Suecia es el país con salarios más elevados y con mayor protección social, y su tasa de crecimiento económico es de un 5,6%, uno de los más elevados de la Unión Europea. La explicación real es que, por una parte, el descenso de los salarios aumenta el endeudamiento de la población (lo cual es bueno para la banca) y, por otra, la privatización de las transferencias y de los servicios del Estado del bienestar son la generalización de la deseada privatización de las pensiones públicas y la privatización de la sanidad, el sueño de la banca y de las compañías aseguradoras. Y lo están consiguiendo.